La ciudadanía se escandaliza, día sí y otro también, sobre la forma en que se utiliza el dinero público en todos los niveles de la Administración. Alcaldes con sueldos estratosféricos, empresas montadas con dinero público y beneficios privadísimos, fundaciones sin otro ánimo que el lucro, subvenciones al vapor y otras lindezas acaparan la atención de los españoles, exprimidos fiscalmente hasta el ahogo.
La gran pregunta que los españoles deberían y querrían responder es qué parte de sus impuestos desean dedicar a la actividad política en forma de salarios o de subvenciones. Imponiendo un límite a esta dotación presupuestaria en todos los niveles, los ciudadanos podrían dormir un poco más tranquilos. Desgraciadamente, esa es la pregunta que nuestros seudointelectuales dedicados a la política nunca propondrán.
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