No hace falta ser economista. Sumando todo lo que los ciudadanos pagan, en función de sus rentas, se detrae un parte para los gastos de Administración del Estado central y autonómico y el resto de se divide entre todos. Así se sabría lo que tocaría recibir a cada uno en prestaciones públicas. Introduciendo coeficientes correctores de solidaridad para ir igualando las regiones más pobres con las más ricas. Si para ello hay que corregir los cupos forales o las cuotas autonómicas, hágase. Luego, que cada uno analice los datos como más le apetezca.
Para pagar y para cobrar, déjese una parte al Estado, otra a las autonomías, y otra a lo municipios, en función de su numero de habitantes, y en las proporciones adecuadas para que cada Administración atienda sus competencias, previamente definidas y pactadas.
Así explicado, parece sencillo, pero que nadie se anime. No ocurrirá, al menos mientras el acento se siga poniendo en lo que nos separa, buscando exclusivamente agravios comparativos.
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