Cristóbal Montoro ha tardado casi dos semanas en ofrecer, por fin, una explicación sobre el error cometido por la Agencia Tributaria de atribuir a la infanta unas inexistentes ventas inmobiliarias. Los argumentos son poco convincentes y, sobre todo, tiran balones fuera sobre lo ocurrido. La culpa, según hacienda, es de notarios y registradores en 11 transacciones (joder, con perdón, estos con la tarifa que tienen), y en las otras dos, un funcionario ya jubilado (de cachondeo). Que ni el juez del caso Nóos, que pidió los datos, ni el fiscal del estado se hayan sentido satisfechos con tal explicación indica lo poco creíble, la comunicación de hacienda.Con este embrollo hay, algo más que un error. Particularmente preocupante es la queja del juez Castro sobre la escasa o nula colaboración de hacienda con su investigación. No menos inquietante es la imagen que aportan las explicaciones de Montoro sobre los procedimientos utilizados por hacienda que goza todavía de tanto prestigio. El Gobierno se escuda en el hecho de que el juez Castro no pidiera los datos como auxilio judicial. Pero ello no impide un control sobre los documentos transmitidos, máxime tratándose de un caso que afecta a un miembro de la familia del Rey.
El daño ya está hecho y afecta a demasiadas instituciones. Imposible evitar, por mucho que lo pide el Ministro Montoro.
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