ABORTO: ESPAÑA RETROCEDE 30 AÑOS

Más allá de debates ideológicos sesgados, creencias diversas y la moral individual, no se debería permitir que un Gobierno pueda legislar para recortar libertades y derechos logrados en este campo.
En una sociedad desarrollada, plural, democrática, avanzada sanitariamente y socialmente, no se pueden permitir unas medidas restrictivas en el acceso a prestaciones sanitarias de seguridad pública. La maternidad libre debe ser un derecho, y dentro de ella una regulación del aborto, como libre opción de los ciudadanos, deber ser un principio básico de seguridad sanitaria y social. Las restricciones no conducen sino a vetos que abren vías de clandestinidad propias de países no desarrollados.
En una sociedad que según la Constitución propugnan como valores superiores entre otros, la libertad y la igualdad y no se puede tolerar una injerencia de los poderes públicos o religiosos directamente sobre el cuerpo y la vida del género femenino, coartándoles su libertad de decisión sobre sus cuerpos y sus vidas, hasta el punto de que sean las instituciones las que decidan u obliguen a esos ciudadanos y a sus cuerpos a gestar y parir.