La idea de que el delito fiscal conduce a la cárcel es una advertencia importante para las personas que incumplen sus obligaciones tributarias.
España tiene que dejar de ser un país de jauja para los delincuentes tributarios. La duda es si esos resultados son realmente el fruto de una estrategia precisa y coordinada. La Fiscalía del Estado ha aclarado que no existe ninguna indicación genérica para perseguir el delito fiscal, y cabe preguntarse el porqué de esa actitud.
Dejar de abonar los impuestos merma la bolsa común, y eso se traduce en falta de recursos con los que sufragan los servicios de la colectividad. Las personas de notoriedad pública pillados en faltas han acelerado el rechazo social.
España necesita corregir la sospecha de ser uno de los países de la UE con mayor proporción de su actividad escamoteada al control del fisco. Cambiar las zonas negras de la economía tiene que convertirse en objetivo prioritarios.
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