El fiscal Horrach se empecinó en tratar de evitar que la infanta Cristina se siente en el banquillo. Como ya ocurrió anteriormente Horrach ha vuelto ejercer de abogado defensor.
El criterio del fiscal vuelve a ser contrario al juez y al de los tres magistrados de la Audiencia de Palma. Destacados juristas afirman que la doctrina Botin sólo se puede aplicar a delitos que vulneran bienes jurídicos individuales, pero no cuando se lesionan intereses colectivos, como es el patrimonio de la hacienda pública.
La defensa de la infanta anunció que presentará al juez la petición de sobreseimiento y se ofreció a pagar cuanto antes los 600.000 euros que pide el fiscal. El juez se ha mostrado firme hasta ahora en su intención de proseguir con el procesamiento de la infanta Cristina. A pesar del escrito del fiscal, no hay razones para pensar que vaya a cambiar de opinión. Esperemos pues.
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