Por fin, el Gobierno saca a la luz una reforma de la formación para la población activa, pero, desgraciadamente, estamos ante un texto decepcionante en el que la única novedad va a ser un parche a la legislación anterior, aumentar el sistema de controles con el objetivo de evitar fraudes y tratos de favor. Siendo este aspecto necesario, se muestra abrumadoramente insuficiente ya que con limpiar el sistema no se consiguen, ni de lejos, los objetivos para los que está diseñado este mecanismo. Se puede tener un sistema de formación pulcro y transparente y, sin embargo, ser escandalosamente ineficiente.
La reforma no puede ser parcial, se requiere actuar en los dos frentes, corrupción e ineficiencia. Las acciones formativas deben responder a la realidad socioeconómica de cada región y se debe evaluar el porcentaje de éxito o fracaso de cada acción de forma rigurosa. Los resultados lo tenemos a la vista, con un 23% de desempleo insostenible.
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