QUÉ DIFÍCIL ES EN ESPAÑA IMPUTAR A LAS AUTORIDADES

El TSJ de Valencia rechazó ayer la petición del juez Castro para que se investigue a Camps y a Rita Barberá. El instructor del caso Nóos dio ese paso tras haber encontrado indicios de que ambos facilitaron los convenios ilegales que el "negocio" de Urdangarin suscribió con las administraciones valencianas. El Tribunal Autonómico no discute de que existan indicios de delito, pero responde que, antes de actuar contra Camps y Barberá, no sólo deben acreditarse los hechos, sino también el grado de participación que ellos hubieran podido tener la persona aforada.
Lo sorprendente es que este Tribunal admite que la Generalitat transcribió el borrador del convenio en papel membretado y con sello, y que lo hizo sin realizar ningún estudio previo sobre su repercusión, trascendencia y valor. También da la razón a Castro cuando concluye que los informes jurídicos que avalaron el desembolso a Urdangarin, en pago a un servicio cuyo valor real y utilidad es profundamente discutible. Se hace difícil imaginar que tales hechos pudieran producirse sin el consentimiento y el impulso del entonces presidente de la Generalitat y de la alcaldesa, sobre todo si ambos se reunieron en el Palacio de la Zarzuela con el duque de Palma y su socio Torres, como asegura este último. Y es que, como bien dijo en su exposición de motivos el juez Castro -todas las contrataciones se hicieron a dedo- y los principios legales de contratación se sustituyeron por el puro amiguismo.
El comportamiento de Camps y Barberá en este asunto levanta las suficientes sospechas como para no poner trabas a la investigación, más aún cuando llueve sobre mojado, pues ya sabemos que Urdangarin utilizó el mismo modus operandi en Baleares. Quizá no haya suficientes elementos como para sentarlos en el banquillo, pero sí para indagar con esmero cuál fue su participación.
El asunto tiene concomitancias con la negativa de la Justicia a imputar a la infanta Cristina, pese a las evidencias que existen en su contra. Son estas decisiones de los tribunales las que acrecientan entre los ciudadanos la idea de que la Justicia no es igual para todos y que las autoridades y políticos son una casta privilegiada. Según las encuestas 8 de cada 10 ciudadanos consideran que la hija del Rey debería haber sido encausada. En España, ciertamente sigue siendo excepcional la imputación de los poderosos.