SANIDAD Y NEGOCIO

El TSJM ha paralizado la privatización de seis hospitales públicos. El proceder que ha generado huelgas y protestas, la suspensión de miles de operaciones y la dimisión en cadena de jefes de servicio, es un embrollo jurídico con más de una docena de causas abiertas. El auto de la semana pasada de este tribunal es, sin embargo, un escollo definitivo en la práctica para los planes privatizadores del PP en Madrid. Esperar, como exigen los jueces, a que haya una sentencia supone retrasar la adjudicación de los hospitales casi dos años, un plazo incompatible con las urgencias privatizadoras del presidente madrileño Ignacio González, con la agenda electoral y, finalmente, con la seguridad inversora que las empresas necesitan para hacerse con el control y la gestión de esos seis hospitales que dan coberturo a 1,2 millones de habitantes (20%) de la comunidad de Madrid.
El gobierno regional de Madrid sabía que esto podía ocurrir, pero puso en marcha el proceso e intentó culminarlo antes de tiempo, en pleno mes de agosto, habilitando despachos a las adjudicatarias en los centros sanitarios. Urgido por falta de liquidez, el ejecutivo de Madrid ha fiado su futuro al macropoyecto de Eurovegas y a reducir la abultada factura sanitaria con el euro por receta y una privatización de la gestión de hospitales y centros de salud.
La sanidad privada tiene un historial de alta eficiencia y  calidad, pero la fórmula por la que apuesta el PP, al llamado modelo "Alzira", un mero desvío de bienes públicos hacia gestores privados con ánimo de lucro, ha desmostrado su ineficacia. Otra colega de partido, Maria Dolores de Cospedal ha abandonado forzada por los hechos las privatizaciones en Castilla-La Mancha.