La Plataforma de Afectados por la hipoteca ha emprendido una campaña de señalamiento público o escraches obstinada a presionar a los diputados para que rompan si es necesario la disciplina de partido y apoyar el contenido de la iniciativa legislativa popular que pretende poner fin al injusto sistema de ejecuciones hipotecarias. La defensa que la plataforma ha hecho de los afectados por los desahucios goza de una gran simpatía y apoyo ciudadano. Precisamente por lo que representa este movimiento y por el crédito que hasta ahorra han merecido sus acciones, sería lamentable que el capital político logrado quedara empañado por una campaña que entraría un alto riesgo de salirse de los cauces del respeto democrático.
Frente a los intentos de criminalización de cualquier protesta y también de las de la plataforma, por parte de ciertos dirigentes del Partido Popular, hay que defender la libertad de expresión y el derecho a los ciudadanos a manifestarse, incluso de forma directa sobre los representantes públicos, siempre que sea en un espacio y una actividad también públicos. No resulta en cambio legítimo tratar de llevar la protesta al ámbito privado, porque en ese caso la acción afecta de forma injusta a los derechos de terceras personas, como la familia o los vecinos, y supone una intromisión ilegítima en la esfera íntima que fácilmente puede derivar en acoso.
La línea que separa la exigencia pública y personal de responsabilidad y el mero acoso político es muy delgado. Para evitar traspasarla, lo mejor es evitar el riesgo.
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